La agenda económica en discusión - TEMAS DE DEBATE: QUE MEDIDAS DEBE TOMAR CRISTINA FERNANDEZ EN SU PROXIMO GOBIERNO
Luego de ocho años de crecimiento, se observan nuevos desafíos. Cómo bajar la inflación y detener la fuga de capitales, qué hacer frente a la apreciación real del tipo de cambio y la reducción de los superávit fiscal y comercial. Los especialistas ensayan algunas respuestas.
Ahora, el Estado
Por Ricardo Aronskind *
Ocurrieron muchas cosas en los últimos ocho años. Queremos destacar dos elementos que constituyen una ruptura con las décadas previas: el logro del autoabastecimiento de divisas sin recurrir al endeudamiento externo, que permitió independizar al país de los dictados del capital financiero global y local, y el fortalecimiento de los ingresos estatales, que posibilitó que el Estado salga de la impotencia que lo caracterizó en el período post-dictatorial, y que se haya autonomizado crecientemente en relación con diversos factores de poder que carecen de una perspectiva nacional. Estos logros notables, que son el soporte material necesario para el ejercicio efectivo de la conducción del Estado, permiten enfrentar, con muchas más posibilidades de éxito, la pesada carga de subdesarrollo dejada por décadas de endeudamiento y reformas neoliberales.
El contexto externo de los próximos años no parece sencillo: la crisis mundial no se resuelve, y las ideas conservadoras predominantes amenazan con hundir la economía global en la recesión y en una lucha cada vez más cruda por los mercados. Pero más allá de la crisis, el mundo industrializado quiere que nuestra región sea proveedora de materias primas, y eso es incompatible con nuestro desarrollo y la cohesión social.
Si bien parece haber un consenso local en cuanto a que hay que “agregar valor” a las materias primas, no está tan claro que para que ese esfuerzo tenga sentido para el país deberá ser apropiado por la sociedad argentina, y no por firmas multinacionales. El empresariado local –cuyo tramo más concentrado está en buena medida transnacionalizado– ha demostrado reiteradamente sus limitaciones para liderar un proceso de desarrollo. Eso pone en el centro de la escena al Estado como motor insustituible de los cambios requeridos para que el país pegue un salto cualitativo en lo social y lo productivo.
Precisamente por la mayor fortaleza fiscal del Estado, hoy las metas sociales que parecían utópicas hace una década pueden plantearse realmente. La eliminación de la indigencia, la erradicación de la vivienda precaria, la atención de los problemas socio-culturales dejados por las décadas de desindustrialización y marginación, son tareas hoy posibles, a condición de que se desplieguen políticas públicas eficaces y creativas. La valiosa generalización de los servicios públicos de salud y educación debe ser continuada –para garantizar la equidad social– por un complejo esfuerzo para mejorar significativamente su calidad.
En el terreno productivo, el tramo de la vigorosa recuperación de la actividad debe dar paso a un período cualitativamente diferente, en donde la acción pública debe impulsar transformaciones en un tejido productivo que arrastra numerosas carencias y debilidades. Las evidentes falencias de una industrialización demasiado dependiente del sector automotor, o de un dinamismo agrario apoyado en un cultivo estrella que presenta limitaciones sociales, productivas y ecológicas, deben ser tratadas con políticas públicas puntuales y efectivas. También en materia de actividades extractivas harán falta políticas públicas más precisas, y un Estado con capacidad de regulación, control y captura de rentas en estas áreas tan sensibles. El carácter complejo de estas tareas reclama un sector público más sofisticado, preparado para incidir con eficacia sobre las inercias típicas del subdesarrollo.
La fortaleza fiscal lograda debe transformarse en calidad: una AFIP más “inteligente” deberá dar cuenta de los aún muy altos niveles de la evasión y elusión impositiva. No hace falta explicar la necesidad de recursos que nuestro país tiene y que hoy, en vez de contribuir al desarrollo, alimentan la fuga de capitales.
Del legado ideológico neoliberal aún quedan inhibiciones para pensar las grandes políticas públicas. Probablemente por ello aún no se haya vuelto a plantear la necesidad de planificar integralmente el desarrollo, para generar sinergias entre los recursos y las capacidades nacionales disponibles. Nuevamente es el Estado el que está en cuestión.
De todas formas continuará siendo una condición fundamental para la gobernabilidad tener bajo firme control la provisión de divisas a la economía, la obtención de los recursos fiscales necesarios y la regulación efectiva de los precios internos. La historia de los recientes 28 años nos enseña que, a través de esas variables, los “poderes fácticos” han logrado debilitar, condicionar y desestabilizar a los gobiernos democráticos. Hoy, con un Estado autónomo y con voluntad política transformadora, un país mejor es posible.
Tipo de cambio diferencial
Por Martín Burgos *
Los resultados logrados por el modelo económico actual durante el período 2003-2011 fueron destacables en la historia argentina por su durabilidad. Para ello resultó fundamental la elección de un modelo macroeconómico que generó por primera vez en muchos años un crecimiento equilibrado entre sectores económicos, que permitió aumentar los salarios, reducir el desempleo y la pobreza. Sin embargo, el comparativo nos muestra que los resultados fueron más brillantes entre 2003 y 2007 que entre 2008 y 2011. Si bien el contexto internacional en ambos períodos fue muy distinto, los motivos internos son los que impidieron dar respuestas adecuadas a las circunstancias que enfrentó nuestra economía nacional.
El buen funcionamiento del modelo entre 2003 y 2007 se dio sobre la base de un tipo de cambio alto, fundamental para mejorar la competitividad-costo de la industria frente a las importaciones. Sin embargo, esto no fue suficiente para explicar los precios relativos considerados por numerosos autores como los correctos para el desarrollo del país. La clave del modelo estaba en la articulación de ese tipo de cambio alto con las retenciones a las exportaciones, que permitieron regular los márgenes de rentabilidad de los sectores agropecuarios y petroleros. Estas, asimismo, también ayudaban a controlar los precios internos al desconectarlos de los precios internacionales.
Las subvenciones a los servicios públicos formaban el tercer pilar del modelo económico, dado que permitían controlar las tarifas públicas y en consecuencia reducir los costos de transporte, de energía y de agua para los consumidores residenciales e industriales. En tanto que la revitalización de los convenios colectivos de trabajo, congelados durante los años noventa, permitió un aumento del poder de compra de los asalariados y una recuperación del consumo popular.
Ese crecimiento equilibrado tuvo su corolario en las finanzas públicas, que mejoraron sustancialmente gracias a la implementación de nuevos impuestos y al carácter pro-cíclico de los impuestos ya existentes. Por otra parte, la suspensión de los pagos de la deuda externa desde 2002 permitió darle aire al gasto público y redireccionarlo hacia inversiones públicas.
El conflicto con los empresarios del campo por las retenciones móviles en 2008 tuvo por efecto herir el modelo económico en uno de sus fundamentos: la desconexión de los precios internos respecto de los precios internacionales. En efecto, la imposibilidad política de compensar una devaluación con un aumento de las retenciones a las exportaciones, planchó el tipo de cambio en el momento de la recesión de 2009, dando lugar al uso de instrumentos de protección a la industria nacional de alcance menor, como el antidumping o las licencias no automáticas, mientras Brasil devaluaba.
Por otra parte, al mantener fijas las alícuotas de las retenciones, el aumento de los precios internacionales de alimentos se trasladó directamente a los precios internos, creando una carrera entre aumentos de precios y aumentos de salarios. Uno de los efectos de esa puja distributiva fue la sensible reducción del tipo de cambio y de las tarifas públicas en relación con los precios internos y los salarios, afectando dos pilares del modelo: el superávit externo y el superávit fiscal. El primero debido a la fuerte competencia que debió sufrir la industria nacional frente a las importaciones, el segundo, en parte, puede explicarse por el aumento de los subsidios a los servicios públicos.
Como león herido, el Gobierno pudo levantarse luego del voto no positivo, para vencer a su adversario político. Pero sigue herido: los precios relativos del 2011 ya no son los del 2007. Para volver a aquéllos, es necesario en primer lugar implementar herramientas que permitan desconectar los precios internos de los internacionales. La buena cosecha de votos que consiguió el Gobierno en áreas rurales y la propuesta de fideicomisos de los Agricultores Federales Argentinos son a tomar en consideración, y es una de las alternativas posibles entre las existentes, que van desde la nacionalización del comercio exterior a la creación de una empresa pública de exportación de granos que rompa el oligopolio de las empresas multinacionales exportadoras. Recién logrado esto, debería pensarse en reducir el monto de los subsidios a las tarifas públicas (desdoblando las tarifas por ingresos del consumidor) y, para enfrentar una coyuntura de crisis, evaluar la posibilidad de un tipo de cambio industrial diferencial con el objetivo de proteger a las pymes de las importaciones sin afectar los salarios reales.
nota original
Por Ricardo Aronskind *
Ocurrieron muchas cosas en los últimos ocho años. Queremos destacar dos elementos que constituyen una ruptura con las décadas previas: el logro del autoabastecimiento de divisas sin recurrir al endeudamiento externo, que permitió independizar al país de los dictados del capital financiero global y local, y el fortalecimiento de los ingresos estatales, que posibilitó que el Estado salga de la impotencia que lo caracterizó en el período post-dictatorial, y que se haya autonomizado crecientemente en relación con diversos factores de poder que carecen de una perspectiva nacional. Estos logros notables, que son el soporte material necesario para el ejercicio efectivo de la conducción del Estado, permiten enfrentar, con muchas más posibilidades de éxito, la pesada carga de subdesarrollo dejada por décadas de endeudamiento y reformas neoliberales.
El contexto externo de los próximos años no parece sencillo: la crisis mundial no se resuelve, y las ideas conservadoras predominantes amenazan con hundir la economía global en la recesión y en una lucha cada vez más cruda por los mercados. Pero más allá de la crisis, el mundo industrializado quiere que nuestra región sea proveedora de materias primas, y eso es incompatible con nuestro desarrollo y la cohesión social.
Si bien parece haber un consenso local en cuanto a que hay que “agregar valor” a las materias primas, no está tan claro que para que ese esfuerzo tenga sentido para el país deberá ser apropiado por la sociedad argentina, y no por firmas multinacionales. El empresariado local –cuyo tramo más concentrado está en buena medida transnacionalizado– ha demostrado reiteradamente sus limitaciones para liderar un proceso de desarrollo. Eso pone en el centro de la escena al Estado como motor insustituible de los cambios requeridos para que el país pegue un salto cualitativo en lo social y lo productivo.
Precisamente por la mayor fortaleza fiscal del Estado, hoy las metas sociales que parecían utópicas hace una década pueden plantearse realmente. La eliminación de la indigencia, la erradicación de la vivienda precaria, la atención de los problemas socio-culturales dejados por las décadas de desindustrialización y marginación, son tareas hoy posibles, a condición de que se desplieguen políticas públicas eficaces y creativas. La valiosa generalización de los servicios públicos de salud y educación debe ser continuada –para garantizar la equidad social– por un complejo esfuerzo para mejorar significativamente su calidad.
En el terreno productivo, el tramo de la vigorosa recuperación de la actividad debe dar paso a un período cualitativamente diferente, en donde la acción pública debe impulsar transformaciones en un tejido productivo que arrastra numerosas carencias y debilidades. Las evidentes falencias de una industrialización demasiado dependiente del sector automotor, o de un dinamismo agrario apoyado en un cultivo estrella que presenta limitaciones sociales, productivas y ecológicas, deben ser tratadas con políticas públicas puntuales y efectivas. También en materia de actividades extractivas harán falta políticas públicas más precisas, y un Estado con capacidad de regulación, control y captura de rentas en estas áreas tan sensibles. El carácter complejo de estas tareas reclama un sector público más sofisticado, preparado para incidir con eficacia sobre las inercias típicas del subdesarrollo.
La fortaleza fiscal lograda debe transformarse en calidad: una AFIP más “inteligente” deberá dar cuenta de los aún muy altos niveles de la evasión y elusión impositiva. No hace falta explicar la necesidad de recursos que nuestro país tiene y que hoy, en vez de contribuir al desarrollo, alimentan la fuga de capitales.
Del legado ideológico neoliberal aún quedan inhibiciones para pensar las grandes políticas públicas. Probablemente por ello aún no se haya vuelto a plantear la necesidad de planificar integralmente el desarrollo, para generar sinergias entre los recursos y las capacidades nacionales disponibles. Nuevamente es el Estado el que está en cuestión.
De todas formas continuará siendo una condición fundamental para la gobernabilidad tener bajo firme control la provisión de divisas a la economía, la obtención de los recursos fiscales necesarios y la regulación efectiva de los precios internos. La historia de los recientes 28 años nos enseña que, a través de esas variables, los “poderes fácticos” han logrado debilitar, condicionar y desestabilizar a los gobiernos democráticos. Hoy, con un Estado autónomo y con voluntad política transformadora, un país mejor es posible.
Tipo de cambio diferencial
Por Martín Burgos *
Los resultados logrados por el modelo económico actual durante el período 2003-2011 fueron destacables en la historia argentina por su durabilidad. Para ello resultó fundamental la elección de un modelo macroeconómico que generó por primera vez en muchos años un crecimiento equilibrado entre sectores económicos, que permitió aumentar los salarios, reducir el desempleo y la pobreza. Sin embargo, el comparativo nos muestra que los resultados fueron más brillantes entre 2003 y 2007 que entre 2008 y 2011. Si bien el contexto internacional en ambos períodos fue muy distinto, los motivos internos son los que impidieron dar respuestas adecuadas a las circunstancias que enfrentó nuestra economía nacional.
El buen funcionamiento del modelo entre 2003 y 2007 se dio sobre la base de un tipo de cambio alto, fundamental para mejorar la competitividad-costo de la industria frente a las importaciones. Sin embargo, esto no fue suficiente para explicar los precios relativos considerados por numerosos autores como los correctos para el desarrollo del país. La clave del modelo estaba en la articulación de ese tipo de cambio alto con las retenciones a las exportaciones, que permitieron regular los márgenes de rentabilidad de los sectores agropecuarios y petroleros. Estas, asimismo, también ayudaban a controlar los precios internos al desconectarlos de los precios internacionales.
Las subvenciones a los servicios públicos formaban el tercer pilar del modelo económico, dado que permitían controlar las tarifas públicas y en consecuencia reducir los costos de transporte, de energía y de agua para los consumidores residenciales e industriales. En tanto que la revitalización de los convenios colectivos de trabajo, congelados durante los años noventa, permitió un aumento del poder de compra de los asalariados y una recuperación del consumo popular.
Ese crecimiento equilibrado tuvo su corolario en las finanzas públicas, que mejoraron sustancialmente gracias a la implementación de nuevos impuestos y al carácter pro-cíclico de los impuestos ya existentes. Por otra parte, la suspensión de los pagos de la deuda externa desde 2002 permitió darle aire al gasto público y redireccionarlo hacia inversiones públicas.
El conflicto con los empresarios del campo por las retenciones móviles en 2008 tuvo por efecto herir el modelo económico en uno de sus fundamentos: la desconexión de los precios internos respecto de los precios internacionales. En efecto, la imposibilidad política de compensar una devaluación con un aumento de las retenciones a las exportaciones, planchó el tipo de cambio en el momento de la recesión de 2009, dando lugar al uso de instrumentos de protección a la industria nacional de alcance menor, como el antidumping o las licencias no automáticas, mientras Brasil devaluaba.
Por otra parte, al mantener fijas las alícuotas de las retenciones, el aumento de los precios internacionales de alimentos se trasladó directamente a los precios internos, creando una carrera entre aumentos de precios y aumentos de salarios. Uno de los efectos de esa puja distributiva fue la sensible reducción del tipo de cambio y de las tarifas públicas en relación con los precios internos y los salarios, afectando dos pilares del modelo: el superávit externo y el superávit fiscal. El primero debido a la fuerte competencia que debió sufrir la industria nacional frente a las importaciones, el segundo, en parte, puede explicarse por el aumento de los subsidios a los servicios públicos.
Como león herido, el Gobierno pudo levantarse luego del voto no positivo, para vencer a su adversario político. Pero sigue herido: los precios relativos del 2011 ya no son los del 2007. Para volver a aquéllos, es necesario en primer lugar implementar herramientas que permitan desconectar los precios internos de los internacionales. La buena cosecha de votos que consiguió el Gobierno en áreas rurales y la propuesta de fideicomisos de los Agricultores Federales Argentinos son a tomar en consideración, y es una de las alternativas posibles entre las existentes, que van desde la nacionalización del comercio exterior a la creación de una empresa pública de exportación de granos que rompa el oligopolio de las empresas multinacionales exportadoras. Recién logrado esto, debería pensarse en reducir el monto de los subsidios a las tarifas públicas (desdoblando las tarifas por ingresos del consumidor) y, para enfrentar una coyuntura de crisis, evaluar la posibilidad de un tipo de cambio industrial diferencial con el objetivo de proteger a las pymes de las importaciones sin afectar los salarios reales.
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